El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), una entidad que el presidente Luis Abinader prometió eliminar durante su campaña, vuelve a estar en el centro del debate sobre la corrupción. A pesar de su misión declarada de gestionar los activos del Estado y contribuir al desarrollo, la institución ha sido objeto de críticas recurrentes por su falta de transparencia y el uso indebido de sus recursos.
La promesa de Abinader de desmantelar el FONPER formó parte de su estrategia para combatir la corrupción y la ineficiencia administrativa. Sin embargo, su permanencia ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las reformas institucionales y la verdadera voluntad política para sanear el Estado.
Mientras el gobierno se enfoca en otras medidas anticorrupción, como la independencia del Ministerio Público y la recuperación de bienes robados, el FONPER sigue siendo un símbolo de los desafíos persistentes. La ciudadanía y diversos sectores de la sociedad civil exigen una acción concreta que demuestre el compromiso de eliminar definitivamente un organismo que ha sido señalado como un foco de prácticas clientelares.
