“El poder político sigue decidiendo”
En una carta de tono inusualmente directo y crítico, la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, jueza de la Suprema Corte de Justicia, rompió el silencio y formuló severas denuncias contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al que acusa de haber actuado con arbitrariedad, sesgo político y discriminación de género durante el proceso de evaluación de su desempeño.
El documento, sellado por la Secretaría del CNM el 7 de noviembre de 2025 y dirigido a la secretaria del Consejo, magistrada Nancy I. Salcedo Fernández, expone lo que Jiménez Ortiz describe como una estructura de poder que “ha secuestrado la independencia del Poder Judicial y ha convertido la evaluación de jueces en un instrumento de persecución y control”.
Según la magistrada, el CNM violó los principios de objetividad y juridicidad, actuando fuera de los límites legales establecidos. Argumenta que los motivos utilizados para declararla “no idónea” carecen de fundamento jurídico y se apoyan en criterios “inventados”, como el denominado criterio de evaluación sobre la aplicación de la Ley 2-23, el cual —sostiene— no figura en los reglamentos del propio Consejo.
Jiménez Ortiz acusa directamente al CNM de distorsionar hechos técnicos y jurídicos, recordando que incluso el actual presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, reconoció públicamente que la implementación de la Ley 2-23 presentó errores que debieron corregirse mediante un acuerdo plenario.
“Presumo que el consejero Estévez habrá informado al CNM que reconoció la omisión del vacatio legis…”, cita en su carta, acompañando la afirmación con fragmentos de una conversación oficial de trabajo.
“Se me aparta por percepciones, no por hechos”
En uno de los pasajes más contundentes del documento, Jiménez Ortiz denuncia que la evaluación en su contra se basó en simples percepciones de algunos consejeros, una práctica que compara con “los infames juicios de la inquisición”.
Asegura que se tergiversaron los criterios sobre la calidad y cantidad de sus sentencias, sin evidencias objetivas ni revisión de sus informes de desempeño.
“Lo que evidencia un accionar arbitrario, injusto, abusivo y altamente preocupante dada la naturaleza del órgano evaluador”, escribió la magistrada, señalando además que la decisión contradice precedentes del propio Consejo, que en otros casos pasó por alto faltas similares cometidas por magistrados hombres.
