Una denuncia estremecedora sacude a la comunidad de Sabana Yegua, provincia de Azúa, en la República Dominicana. La señora Mirqueya Ramírez afirma haber sido víctima de un complot organizado en el que asegura fue secuestrada por un hombre de su confianza —identificado como Joselo Yan, de nacionalidad haitiana—, llevada a un altar donde fue hipnotizada junto a otros miembros de una red, transportada luego a Baní y sometida a una violación grupal, además de que le sustrajeron la cantidad de 42 millones de pesos dominicanos. Ensegundos.do
La acusada, según la denunciante, es conocido en redes sociales por sus prácticas de brujería y ha sido incluso entrevistado en el entorno urbano dominicano. Ramírez sostiene que la llamada “banda de brujos haitianos” opera desde hace años en la zona, supuestamente con permisividad de las autoridades nacionales: la Policía Nacional (RD), la Dirección General de Migración, el Ministerio de Interior y Policía (RD) y la Junta Central Electoral (RD). Ensegundos.do
En su denuncia, Ramírez también señala al Ministerio Público de Baní, indicando que la coordinadora de Violencia de Género omitió una prueba psicológica vital del expediente, lo que habría llevado a que el Tribunal de Atención Permanente de Baní dejase al principal imputado en libertad. Ensegundos.do
La gravedad del caso ha provocado llamados públicos a la Yeni Berenice Reynoso, Procuradora General de la República, para que se garantice una investigación completa, honesta y diligente ante la preocupación ciudadana por posibles vacíos institucionales.
🔍 Aspectos clave
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La denunciante afirma un robo de 42 millones de pesos dominicanos. Ensegundos.do
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Se trata de una presunta red de “brujos haitianos” implicados en actos de hipnosis, secuestro, violación grupal y estafa. Ensegundos.do
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Hay acusaciones de negligencia o complicidad institucional por parte de autoridades dominicanas.
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El caso está recibiendo atención pública y mediática, lo que podría generar presión para que se esclarezca.
🧭 Contexto y relevancia
Este tipo de denuncia mezcla aspectos de delito grave (secuestro, violación, robo) con elementos de vulnerabilidad y derechos humanos (supuestamente mujeres víctimas, posibles abusos colectivos). También abre preguntas sobre la actuación de las autoridades, migración, prácticas tradicionales o supersticiosas (“brujería”) y la intersección de todos esos factores en zonas rurales o semirurales de República Dominicana.
Más aún, el hecho de que la víctima señale la existencia de una red organizada con supuesta impunidad sugiere la necesidad de evaluar la eficacia del sistema de justicia, protección de víctimas y fiscalización de delitos complejos.
