Mientras las construcciones en vertical están cada vez más en tendencia en el Gran Santo Domingo y otras provincias, la República Dominicana sigue siendo vulnerable a los sismos, por lo que debe garantizar que estos proyectos cumplan con normas que garanticen la seguridad y la resistencia ante estos eventos.
Al respecto, el geólogo Osiris de León considera que las torres habitacionales levantadas sobre suelos blandos deben ser revisadas en base a un análisis de respuesta sísmica local de emplazamiento, es decir, un estudio que permita observar cómo respondería el terreno específico donde se construirían edificaciones de esta magnitud en caso de un evento.
“El análisis de respuesta sísmica local se debe hacer antes del diseño estructural de la edificación, pero siempre existe la posibilidad de revisar la respuesta sísmica de la estructura en función de la respuesta del suelo blando”, observó.
Recordó que los suelos blandos están caracterizados por bajos valores de ondas de corte, bajas frecuencias de oscilación y fuertes contrastes de impedancia sísmica, condiciones que favorecen la amplificación de ondas sísmicas que pueden dañar potencialmente una estructura que haya sido diseñada sin considerar su verdadera respuesta sísmica.
Más torres
La construcción de apartamentos en el país impulsó la demanda de permisos.
En el primer semestre de este año, este tipo de edificaciones representó el 57.6 % de los 5,450,657.5 metros cuadrados que cuentan con licencias, un 122.8 % más que en el mismo período del año pasado, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística.
Además, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones otorgó 102 licencias a edificaciones de siete a 15 niveles entre enero y julio de este año, casi el triple que las 44 licencias emitidas en el mismo período del 2025, lo que muestra cómo cada vez más estas obras están ganando terreno en el país.
Por eso, la respuesta sísmica de las nuevas edificaciones es importante para garantizar que el país esté preparado ante un fenómeno de gran magnitud.
Indicó que algunos proyectos que se construyen en el país cuentan con el apoyo técnico de empresas y profesionales de los Estados Unidos para sus cálculos estructurales (como en el caso de termoeléctricas o centros de salud como el nuevo hospital de San Francisco de Macorís), pero aseguró que la gran mayoría de estos proyectos se manejan con profesionales dominicanos.
El geólogo recordó que los suelos blandos están muy presentes en la República Dominicana, incluyendo Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y todo el valle del Cibao. Esto incluye municipios como Los Prados, Jardines del Norte, Los Ríos, Villa Mella, Los Alcarrizos, Santiago, La Vega, Bonao, Moca, Salcedo, San Francisco de Macorís o Valverde, entre otros.
El Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras (R-001) divide a la República Dominicana en dos zonas: una zona de alta sismicidad (que contempla toda la región del Cibao y una buena franja de la zona costera del noreste del país) y una zona de mediana sismicidad, que comprende toda la región sur y este.Osiris de León asegura que el código (cuya última actualización fue en el 2011) merece ser actualizado para incluir una microzonifcación sísmica y fortalecer las evaluaciones de la respuesta sísmica local de las infraestructuras.
Preocupación por construcciones informales
El presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Christopher, considera que las edificaciones de gran altura cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad en la construcción, conforme a las normas vigentes, y mostró una mayor preocupación por las “miles y miles” de construcciones levantadas de manera irregular que suelen colindar con muchos de estos proyectos.
Indicó que, si en el país ocurriera una catástrofe de la magnitud de Colombia (7.4) y Venezuela (7.2 y 7.5), todas estas construcciones en el casco urbano, algunas de ellas de varios niveles, colapsarían.
De igual manera, explicó que también existen muchas empresas constructores en condiciones de informalidad, de cuyas obras no hay garantías de que se esté cumpliendo con los estándares previstos por la normativa.
Por eso, valoró como un paso fundamental la entrada en vigencia del nuevo Código Penal (en agosto de 2026), el cual tipifica las invasiones de tierra como un caso criminal y no solo coyuntural, lo que ayudaría a frenar el crecimiento de barrios desordenados en terrenos robados.
“Ya no se va a tratar las invasiones de tierra como un tema coyuntural, no; se va a tratar como un caso criminal. Se están aplicando penas bastante significativas, por lo que entendemos que vamos a tener avances”, ponderó.
Asimismo, consideró que las autoridades están en un buen momento a nivel normativo para aprovechar y apoyar a que las pequeñas y medianas empresas de la construcción agoten procesos de formalización, lo que a largo plazo contribuiría a reducir las edificaciones informales.
