El anuncio de que República Dominicana y Venezuela iniciarán un proceso gradual de normalización de sus relaciones diplomáticas y consulares refleja, más que la reapertura de embajadas y consulados, un cambio profundo en el escenario político venezolano y en la correlación de fuerzas internacionales que rodean a Caracas.
Cuando Santo Domingo rompió relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro tras las controvertidas elecciones de 2024, el panorama era completamente distinto. El presidente Luis Abinader cuestionó la legitimidad del proceso electoral y exigió, junto con otros gobiernos democráticos, la publicación de las actas de votación. Caracas respondió retirando su personal diplomático y suspendiendo los servicios consulares.
La confrontación alcanzó un tono inusualmente áspero. El entonces ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, dirigió reiterados ataques verbales contra Abinader, a quien calificó de “lacayo” de Washington y acusó de actuar siguiendo instrucciones de Estados Unidos. Las descalificaciones personales sustituyeron al lenguaje diplomático y cerraron cualquier posibilidad de diálogo.
La tensión aumentó cuando República Dominicana autorizó la salida hacia Estados Unidos de aeronaves oficiales venezolanas retenidas en territorio dominicano. Caracas denunció la medida como una confiscación ilegal y una subordinación a la política de sanciones de Washington, mientras Santo Domingo sostuvo que actuaba conforme a obligaciones jurídicas internacionales.
En paralelo, otro asunto permanecía como fuente de incomodidad silenciosa: la importante presencia en República Dominicana de empresarios y figuras vinculadas al chavismo con inversiones inmobiliarias en proyectos de lujo, especialmente en Cap Cana. Varias de esas personas han sido objeto de investigaciones o sanciones internacionales, aunque la propiedad de esos inmuebles nunca fue restringida por las autoridades dominicanas. En una de esas casas estuvo de paso la hoy encarcelada en Nueva York exprimera dama venezolana, Cilia Flores, y la propiedad real se atribuye al esposo y también reo, Nicolás Maduro.
Un nuevo escenario
Sin embargo, el escenario regional cambió radicalmente tras la salida de Maduro del poder y la llegada de Delcy Rodríguez al frente del gobierno interino venezolano bajo un esquema de transición respaldado y supervisado políticamente por la administración del presidente Donald Trump.
Ese cambio alteró la lógica de las relaciones internacionales. Washington pasó de una estrategia de confrontación absoluta a otra de negociación condicionada con las nuevas autoridades venezolanas.
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Trump sostuvo conversaciones directas con Delcy Rodríguez, autorizó la reapertura del espacio aéreo para vuelos comerciales y comenzó un proceso de flexibilización gradual de las restricciones económicas y de transporte.
Ese nuevo contexto facilita que países como República Dominicana restablezcan relaciones institucionales sin que ello implique necesariamente un respaldo político pleno al proceso interno venezolano.
- La normalización anunciada ayer domingo tiene además un componente eminentemente práctico. Miles de venezolanos residentes en República Dominicana y dominicanos con vínculos familiares o comerciales con Venezuela llevan dos años enfrentando enormes dificultades para renovar pasaportes, registrar nacimientos, legalizar documentos o tramitar visas.
Uno de los efectos más esperados era precisamente la reanudación de la conectividad aérea. Aunque el comunicado conjunto no menciona expresamente los vuelos comerciales, el restablecimiento de los servicios consulares constituye normalmente el paso previo para que las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas reactiven rutas suspendidas. La recuperación de las conexiones entre Caracas y Santo Domingo impacta de inmediato el turismo, los negocios y la movilidad de miles de personas.
Aun así, persisten importantes interrogantes. Venezuela continúa inmersa en un complejo proceso de transición política, mientras siguen abiertas investigaciones internacionales sobre violaciones de derechos humanos y corrupción cometidas durante el período anterior. La reconstrucción institucional del país aún está lejos de completarse.
El comunicado conjunto, por tanto, no significa que hayan desaparecido las diferencias políticas entre ambos gobiernos. Representa, más bien, el reconocimiento de una nueva realidad regional: con Maduro fuera del poder, Delcy Rodríguez convertida en interlocutora de Washington y Estados Unidos impulsando una estrategia distinta hacia Caracas, el aislamiento diplomático dejó de responder a la nueva correlación de fuerzas.
República Dominicana ha decidido adaptarse a ese escenario sin renunciar, al menos formalmente, a los principios democráticos que motivaron la ruptura inicial.
