El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió este lunes que la modificación a la Ley de Residuos Sólidos, podría traducirse en un aumento de los precios de bienes y servicios y afectar la competitividad de las empresas, al tiempo que llamó a la Cámara de Diputados a no aprobar la iniciativa sin un mayor proceso de consulta.
Durante una rueda de prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, el partido cuestionó que el Gobierno y la mayoría congresual del PRM impulsen «reformas de alto impacto económico y social sin construir los consensos necesarios, sin escuchar a las instituciones responsables, a los sectores involucrados ni presentar los estudios técnicos que justifiquen sus decisiones».
El pronunciamiento se produce mientras la Cámara de Diputados conocerá este lunes el proyecto de modificación, luego de que el Senado lo aprobara de urgencia la semana pasada. La intención es convertir la iniciativa en ley antes de que venza el plazo para el primer pago de la contribución establecida en la legislación.
La propuesta modifica la Ley 98-25, que reformó hace apenas un año la Ley 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, para establecer una nueva escala de contribuciones que incrementa significativamente el aporte de las empresas de mayores ingresos al sistema de gestión de residuos sólidos.
La modificación reorganiza la escala de contribuciones que pagan las empresas al fideicomiso para la gestión de residuos sólidos. Mientras la ley vigente fija un tope anual de 675,000 pesos para todas las compañías con ingresos superiores a 100 millones de pesos, la reforma crea 12 niveles de aportes según la facturación.
Con ello, las empresas con ingresos de más de 2,000 millones de pesos pasarían de pagar 675,000 pesos a tres millones al año, las que facturan entre 1,000 millones y 2,000 millones aportarían 1.7 millones y las de menores ingresos, en varios casos, verían reducida su contribución.
Sobre el contenido de la reforma, el PLD dijo que el país merece respuestas antes de aprobar la iniciativa y preguntó si el Gobierno «ha evaluado cuál será el impacto de este incremento sobre el precio final de los bienes y servicios que consume la población, especialmente los hogares de menores ingresos, si esos mayores costos terminan siendo trasladados a los consumidores».
Asimismo, cuestionó «¿Cómo se justifica que, apenas semanas después de la aprobación del denominado Plan Anticrisis, se impulse una nueva contribución especial sin que se conozca una evaluación de su impacto conjunto sobre la inversión, el empleo, la competitividad y el costo de vida?».
La organización reconoció que el nuevo proyecto «procura corregir parcialmente algunos problemas de proporcionalidad de la reforma anterior al establecer una escala de contribuciones más gradual«. Sin embargo, sostuvo que una política ambiental no puede medirse únicamente por lo que recauda.
También afirmó que el principio de que quien más contamina debe aportar más «constituye un criterio correcto de política ambiental«, pero consideró que solo puede aplicarse cuando existan datos verificables que permitan determinar cuáles empresas generan mayores volúmenes de residuos. De lo contrario, advirtió, utilizar únicamente el nivel de ingresos como criterio «puede generar distorsiones entre la capacidad económica de una empresa y su impacto ambiental efectivo».
El PLD también expresó preocupación porque, según dijo, no se ha informado cuál fue la participación técnica del Ministerio de Medio Ambiente, del Fideicomiso DO Sostenible y de las demás instituciones responsables de ejecutar la política nacional de residuos durante la elaboración de la reforma.
Además, señaló que organizaciones empresariales como el CONEP, la AIRD, Adoexpo, Ecored y la ONEC han reclamado un mayor diálogo, deliberación técnica y seguridad jurídica para discutir la modificación.
El partido recordó que el 23 de junio de 2025 fijó públicamente su posición sobre la reforma anterior y aseguró que entonces advirtió sobre la necesidad de preservar la libre competencia, mantener contribuciones ambientales proporcionales y fundamentar los cambios en criterios técnicos. A su juicio, el hecho de que la legislación vuelva a modificarse apenas un año después demuestra que «el problema nunca fue la ausencia de advertencias, sino la falta de disposición del Gobierno para escuchar».
Finalmente, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que «esta vez no se repitan los errores del pasado» e insistió en que las reformas ambientales no pueden convertirse únicamente en instrumentos de recaudación.
