El presidente de la comisión de Medio Ambiente del Senado, Antonio Marte, respaldó este jueves el decreto emitido por el Gobierno para enfrentar los daños ambientales, pero reclamó que la medida se aplique de manera efectiva y alcance a los funcionarios que permiten o participan en la depredación.
«Yo espero que su aplicación sea real, real, que eso no pase de un decreto», afirmó Marte al referirse a la disposición del presidente Luis Abinader.
El senador dijo que la medida debe enfocarse en acciones contra quienes autorizan prácticas que considera perjudiciales para los recursos naturales.
«Yo quiero ver aplicándoselo en el espinazo a muchos y muchos funcionarios se van a ir, muchos funcionarios que mandan a hacer esas diabluras para buscar cuartos», expresó.
Marte también denunció que empleados públicos puedan estar involucrados en estas prácticas y repitió que la aplicación del decreto debe alcanzar a quienes, desde el Gobierno, permiten la extracción de recursos naturales de manera irregular.
Cuestiona permisos para transportar madera
El legislador puso como ejemplo los permisos para transportar madera y cuestionó que una autorización para un solo viaje pueda utilizarse para realizar varios.
«¿Tú sabes el crimen que es darle un permiso a un camión de un viaje y ese camión haga seis viajes con ese permiso?», se preguntó.
A su juicio, este tipo de prácticas debe ser investigado y sancionado por las autoridades, porque permite que continúe la depredación de los recursos naturales.
Marte también denunció la quema de fincas, la tala de árboles y el secado de ríos, unas situaciones que vinculó con la escasez de agua que afecta al país.
El presidente de la comisión de Medio Ambiente reiteró que espera que el decreto ambiental no se quede en una declaración y que su aplicación permita enfrentar las prácticas que, según denunció, están afectando los recursos naturales del país.
El decreto
El nuevo decreto del Poder Ejecutivo se fundamenta en la necesidad de superar la debilidad de los marcos jurídicos previos, bajo los cuales los infractores solían recuperar la libertad en pocos días.
El Gobierno se ampara ahora en el nuevo Código Penal que entró en vigencia en agosto para aplicar condenas de 20 a 30 años de prisión a quienes atenten contra las áreas protegidas.
