La justicia dominicana se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público tras la reciente liberación de un hombre acusado de agresión física y amenazas de muerte contra su expareja. La víctima, cuya identidad se reserva por motivos de seguridad, ha manifestado sentir un «terror profundo» al saber que su presunto victimario vuelve a las calles, dejando su integridad física en un estado de vulnerabilidad absoluta.
El caso, que ha escalado a los tribunales de instrucción, ha generado indignación debido a que, según los testimonios, existían pruebas y antecedentes de violencia previa. La decisión judicial de otorgar libertad al acusado —ya sea bajo fianza o por insuficiencia de medidas de coerción— es percibida por la mujer y sus familiares como una «sentencia de muerte anunciada».
Expertos en derechos humanos y colectivos contra la violencia de género advierten que este tipo de fallos judiciales desalientan la denuncia y perpetúan el ciclo de violencia en el país. La víctima hace un llamado desesperado a la Procuraduría General de la República y a las autoridades competentes para que revisen su caso y se le garantice la protección necesaria antes de que sea demasiado tarde.
En un país donde los feminicidios siguen siendo una herida abierta, la liberación de un presunto agresor no es solo un trámite legal, sino un riesgo inminente que pone a prueba la eficiencia del sistema de protección a las mujeres.
