1. Aprobación presidencial a iniciativa de prensa
El presidente Luis Abinader expresó su respaldo a la campaña del Listín Diario para remover vehículos y bienes abandonados, comúnmente llamados “chatarras”, en instituciones del Estado. “Pienso que eso ayuda al ornato y la limpieza”, declaró durante el Almuerzo del Grupo Corripio, en respuesta al director del periódico, Miguel Franjul. Listín Diario
2. Buscando soluciones legales
Abinader admitió que es necesario revisar el marco jurídico para permitir la disposición de estos bienes sin obstáculo judicial. Mencionó el caso de la Base Aérea de San Isidro, donde existen aviones incautados que no se pueden retirar debido a limitaciones legales. “Quizás hay un tipo de vacío legal que nos ayude. Tenemos que estudiar las leyes y tal vez las regulaciones”, afirmó. Listín Diario+1
3. Lo que denuncia el Listín Diario
El medio ha reportado durante meses la acumulación de chatarras en propiedades estatales como el Centro de Procesamiento de Inmigrantes de Haina, el Palacio de Justicia de Santiago, y en zonas de Santo Domingo Este, Pedro Brand, Los Alcarrizos y San José de Ocoa, entre otras. Listín Diario+1
4. Editorial a favor de medidas urgentes
En su editorial, Listín Diario enfatiza la ineficiencia de los trámites burocráticos y celebra la disposición del mandatario para impulsar una revisión normativa urgente. Señala que mientras persista el vacío legal, miles de bienes obsoletos siguen figurando como activos oficiales sin utilidad real. Listín Diario
5. Impacto urbano y ambiental
Este tipo de acumulación no solo deteriora el ornato urbano, sino que también representa un riesgo sanitario y una pérdida de espacio público. Retirarlas contribuiría a mejorar la imagen y funcionalidad de las instalaciones estatales.
Conclusión
La decisión de Abinader de acompañar la iniciativa del Listín Diario y explorar opciones legales para agilizar el retiro de chatarras marca un esfuerzo por abordar un problema urbano y administrativo que afecta tanto la limpieza como la eficiencia del patrimonio público. Se abre así una oportunidad para modernizar procedimientos y mejorar la gestión estatal.
