Pensemos en tres decisiones que el Estado dominicano puede tomar este año: ampliar un puerto, contratar la plataforma digital que conecta servicios públicos y comprar equipos para un hospital. Si dentro de diez años el puerto no tiene accesos, la plataforma depende de un único proveedor y el hospital no consigue repuestos, los tres procedimientos pudieron ser impecables y, aun así, el país habrá comprado activos sin asegurar capacidades.Esa fue la tesis que defendí en el I Congreso Internacional de la Red de Observatorios de Contratación Pública, en Punta Cana. Esto es, que, en las contrataciones críticas, la neutralidad del pliego es una ficción. El Estado no solo decide qué compra; decide de quién dependerá. Y cuando el pliego no se hace esa pregunta, la decisión se toma igual, pero la toman el mercado, el financiador o el proveedor.Las grandes potencias ya tomaron posición. Estados Unidos prohíbe desde 2019 que sus agencias federales contraten equipos de telecomunicaciones de ciertos fabricantes chinos o los sujeta a condiciones. La Unión Europea cerró en 2025 sus grandes licitaciones de dispositivos médicos a fabricantes chinos. Para América Latina, la pregunta no es a quién preferir, entre Washington, Pekín o Bruselas, sino si tendremos criterios propios o importaremos los ajenos, por condiciones de financiamiento o decisiones informales, sin norma y sin control.Hay un riesgo menos visible que la corrupción y casi nunca discutido: la burocracia defensiva. Muchas veces se elige el menor precio o el procedimiento más rígido no porque sea lo mejor para el país, sino porque es lo más fácil de defender ante la opinión pública, las redes sociales o el auditor. El funcionario aprende una regla no escrita en el servicio público. Nadie lo sanciona por seguir el procedimiento, aunque el servicio o el proyecto fracase; pero puede ser cuestionado por ejercer criterio, aunque acierte el proyecto y pueda mostrar resultados. Un control pensado para evitar la corrupción termina premiando la forma sobre el resultado. Debemos poder presentar resultados efectivos para la sociedad y las personas. En el contexto geopolítico actual, ese comportamiento produce dependencia. Compra lo más barato hoy, aunque nos ate mañana a un único proveedor o a una tecnología cerrada. Evita calificar un contrato como estratégico, porque hacerlo exige motivar, y motivar expone; entonces la decisión estratégica la toma, sin decirlo, quien financia o quien vende. O se refugia en la excepción y la urgencia, donde se decide rápido y con poca transparencia. La respuesta no es rebajar la transparencia, la publicidad o la competencia en nombre de la seguridad. Pero tampoco basta con repetirlas como fórmulas. Los principios son mandatos para proteger el interés público, y deben interpretarse a la luz de lo que hoy está en juego. La competencia no se agota el día de la apertura de ofertas: un Estado atado a un único proveedor la perdió el día que firmó. Exigir interoperabilidad, propiedad de los datos y planes de salida no cierra mercados; los mantiene abiertos durante toda la vida del contrato. La transparencia, a su vez, recae sobre la decisión. Por ejemplo, la reserva puede justificar ocultar un plano, nunca ocultar por qué se decidió. Y lo que no pueda publicarse antes debe publicarse después.Así, resiliencia y competencia no son enemigas: su enemigo común es la dependencia. Para la República Dominicana, esto es estrategia. El inversionista y el aliado no eligen solo un puerto
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