En mis recorridos por los municipios de la República Dominicana he aprendido que la distancia entre un ciudadano y el Estado no siempre se mide en kilómetros. A veces se mide en los días que transcurren sin recibir una respuesta, en los documentos que nadie explica, en el dinero que una familia debe reunir para trasladarse a una oficina pública o en la incertidumbre de quien espera que una institución tome una decisión. Es una distancia que no aparece en los mapas, pero que puede determinar la confianza de una persona en la democracia. Y cuando esa distancia separa a un ciudadano de la justicia, sus consecuencias son todavía más profundas.He pensado en ello al conocer la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, de reactivar los tribunales móviles en los centros penitenciarios con mayor hacinamiento. La iniciativa plantea una pregunta esencial para nuestro Estado de derecho: ¿debe ser siempre el ciudadano quien recorra el camino hacia la justicia, o corresponde también a las instituciones encontrar maneras de acercarse a quienes necesitan sus decisiones?La Constitución ofrece un punto de partida inequívoco. Su artículo 69 reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, incluido el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, y el artículo 68 obliga a los poderes públicos a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. Esa combinación encierra una exigencia decisiva: los derechos no pueden depender de que el ciudadano consiga superar, por sí solo, los obstáculos administrativos, económicos o territoriales que encuentra para ejercerlos.https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/whatsapp-image-2026-11-16-at-34855-pm-b6ac8c8d.jpeg (CEDIDA POR PABLO ULLOA) document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { document.querySelectorAll('.small-slider').forEach(function (slider) { const container = slider.querySelector('.slider-container'); const items = slider.querySelectorAll('.slider-item'); const prevBtn = slider.querySelector('.prev'); const nextBtn = slider.querySelector('.next'); const dotsContainer = slider.querySelector('.slider-dots'); let currentIndex = 0; function setup() { const width = slider.clientWidth; container.style.width = (items.length * width) + 'px'; items.forEach(it => { it.style.width = width + 'px'; it.style.flexShrink = '0'; }); } function goTo(i) { currentIndex = i; const width = slider.clientWidth; container.style.transform = 'translateX(-' + (width * currentIndex) + 'px)'; updateDots(); } function next() { if (currentIndex === items.length – 1) goTo(0); else goTo(currentIndex + 1); } function prev() { if (currentIndex === 0) goTo(items.length – 1); else goTo(currentIndex – 1); } function updateDots() { dotsContainer.querySelectorAll('li').forEach((d, idx) => { d.classList.toggle('active', idx === currentIndex); }); } function initDots() { dotsContainer.innerHTML = ''; items.forEach((_, i) => { const li = document.createElement('li'); const btn = document.createElement('button'); btn.addEventListener('click', () => goTo(i)); li.appendChild(btn); if (i === 0) li.classList.add('active'); dotsContainer.appendChild(li); }); } if (prevBtn) prevBtn.addEventListener('click', prev); if (nextBtn) nextBtn.addEventListener('click', next); initDots(); setup(); window.addEventListener('resize', setup); }); });Los datos muestran por qué importa. Al cierre de 2025, según la Oficina Nacional de Defensa Pública, el 64.57 % de las personas priva
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