El Ministerio Público informó la ocupación de aproximadamente 200 armas de fuego y 40,000 municiones durante la denominada Operación Armum, un amplio despliegue contra 18 armerías investigadas por presuntas irregularidades en la comercialización y manejo de armas y pertrechos en República Dominicana.
Entre el material incautado figuran pistolas, revólveres, armas largas, armas de guerra y otras de uso prohibido en el país. Una cantidad considerable de las armas carecía de documentación o constancia sobre su procedencia, según las autoridades.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fueron las cerca de 40,000 municiones, muchas de ellas sin marcaje. El Ministerio Público sostiene que esta situación constituye un indicio de que habrían sido introducidas ilícitamente a territorio dominicano.
Durante los allanamientos también fueron ocupadas armas modificadas o alteradas, cargadores tipo tambor, adaptadores, miras telescópicas y miras láser con punto rojo. Además, las autoridades encontraron pertrechos pertenecientes a organismos de investigación del Estado que se encontraban en armerías sin los permisos correspondientes.
La Operación Armum alcanzó establecimientos ubicados en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este. En el despliegue participaron 25 fiscales, 190 agentes de la Policía Nacional y 38 inspectores pertenecientes a los ministerios de Defensa e Interior y Policía.
Las investigaciones también detectaron armerías que presuntamente operaban sin licencia o con permisos vencidos, realizaban trabajos de taller sin autorización, intermediaban en la comercialización de armas sin licencia o retenían ilegalmente armas pertenecientes a terceros.
Propietarios o representantes de los establecimientos intervenidos fueron arrestados en flagrante delito, de acuerdo con el Ministerio Público, que anunció que solicitará medidas de coerción mientras continúa la investigación para establecer el origen de las armas y municiones y las posibles responsabilidades penales.
La investigación está encabezada por la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, bajo la dirección de la procuradora de corte Maura Martínez.
