El Gobierno de Estados Unidos ha revocado más de 175,000 visas a ciudadanos extranjeros desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, una cifra que refleja la amplitud de una política migratoria que ha endurecido simultáneamente los controles para entrar al país, permanecer en él y conservar los permisos concedidos.
El Departamento de Estado informó que las revocaciones alcanzaron un nuevo récord. En enero pasado anunció que superaban las 100,000, pero en apenas siete meses se agregaron más de 75,000. La cifra representa además un incremento considerable respecto de los niveles registrados durante la administración de Joe Biden.
Entre las causas más frecuentes figuran agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y delitos relacionados con drogas, además de violaciones a las condiciones de las visas. Washington ha citado igualmente casos graves de violación, secuestro, trata de personas y explotación sexual de menores, así como situaciones relacionadas con seguridad nacional y política exterior.
La medida forma parte de un sistema de revisión continua que permite al Gobierno reconsiderar una visa aun después de expedida. El Departamento de Estado también ha cancelado permisos por fraude migratorio y llamados a la violencia.
La ofensiva sobre las visas constituye, sin embargo, apenas una pieza de una estrategia migratoria mucho más amplia impulsada por Trump desde el comienzo de su segundo mandato.
El Gobierno ha incrementado las deportaciones, ampliado las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reforzado los controles fronterizos y endurecido los mecanismos para determinar quién puede obtener o conservar autorización para entrar en territorio estadounidense.
El caso dominicano
Ese cambio adquiere especial relevancia para República Dominicana. Washington puso en marcha un proyecto piloto que contempla la posibilidad de exigir una fianza por carga pública a determinados solicitantes dominicanos de visas de inmigrante cuando un funcionario consular determine que podrían resultar inadmisibles por la posibilidad de convertirse en una carga para el Estado.
La República Dominicana fue escogida como país inicial del programa. La fianza no se aplica automáticamente a todos los dominicanos ni constituye un nuevo precio de la visa: corresponde a casos seleccionados y el monto se determina individualmente. La medida busca ofrecer una alternativa en determinados expedientes en los cuales el solicitante podría ser considerado inadmisible por razones de “carga pública”.
La selección dominicana para ese proyecto se suma a otras señales del endurecimiento consular. La gestión ha ampliado el examen de antecedentes, incluida la actividad en redes sociales, y sostiene que una autorización migratoria no constituye una garantía permanente de entrada o permanencia.
La nueva política alcanza incluso a extranjeros que ya poseen residencia permanente legal —la llamada green card—, aunque su situación jurídica es distinta de la de un titular de visa. Los residentes permanentes tienen mayores protecciones legales y su estatus no puede ser simplemente revocado por un funcionario consular.
Sin embargo, pueden quedar sometidos a procedimientos migratorios y eventualmente perder la residencia por determinadas condenas penales, fraude migratorio, abandono de residencia u otras causas establecidas por la ley.
El escrutinio puede resultar particularmente importante cuando un residente regresa a Estados Unidos después de viajar al extranjero.
En determinadas circunstancias, las autoridades pueden examinar si conserva su derecho a ser admitido como residente permanente o si existen causas legales para iniciar un procedimiento de expulsión. La green card, por tanto, ofrece una protección considerablemente mayor que una visa, pero tampoco representa una inmunidad frente a la aplicación de las leyes migratorias.
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Ley Laken Riley
Trump también ha utilizado la autoridad presidencial para restringir la entrada de nacionales de países considerados de alto riesgo y ha intensificado las operaciones de ICE dentro del territorio estadounidense. A ello se suma la Ley Laken Riley, aprobada en 2025, que amplió los supuestos de detención obligatoria de determinados inmigrantes en situación irregular.
Las revocaciones han alcanzado distintas categorías. Entre ellas aparecen visas de estudiantes y numerosos permisos B1/B2, utilizados por turistas y viajeros de negocios.
La administración ha prestado especial atención a las sobreestadías y al denominado “turismo de nacimiento”. Una embajada estadounidense en el norte de África revocó más de 100 visas a padres señalados de viajar principalmente para que sus hijos nacieran en EE. UU. y adquirieran la ciudadanía.
- La filosofía detrás de las medidas ha sido resumida reiteradamente por el Departamento de Estado: “una visa es un privilegio, no un derecho”.
Las más de 175,000 revocaciones no equivalen a deportaciones ni representan una cancelación generalizada de documentos por nacionalidad.
Son visas previamente concedidas que el Gobierno decidió retirar individualmente. Pero consideradas junto con las deportaciones, las restricciones de entrada, el proyecto de fianzas por carga pública, el escrutinio de residentes permanentes y los controles consulares, muestran una misma dirección: reducir los márgenes de tolerancia del sistema migratorio y someter tanto el ingreso como la permanencia en EE. UU. a una vigilancia mucho más estricta durante el segundo mandato de Trump.
