El Tribunal Supremo pidió un pronunciamiento contundente del Constitucional para amnistiar a Puigdemont y otros líderes del procés, y ya lo tiene. Por 7 votos a 5, el tribunal ha concedido amparo a los recurrentes, y ha considerado que se vulneraron sus derechos fundamentales al no aplicarse el perdón al delito de malversación. Se trata, sin duda, de una sentencia con relevancia histórica. Esta vez el calificativo no es una exageración. La decisión debe afianzar la normalización política en Cataluña. Ese fue siempre el propósito esencial de la ley, sin perjuicio de que se viera facilitada por factores de conveniencia, dada la volatilidad de las alianzas en el Parlamento. Pero nunca fue una “autoamnistía”, sino una fuerte apuesta por la “reconciliación”, como reconoció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su fallo del pasado mes de julio.
