En mis recorridos por las provincias he encontrado dos realidades que deberían estar mucho más conectadas. Por un lado, jóvenes que estudian y buscan oportunidades para desarrollar su talento. Por otro, productores y empresarios que necesitan incorporar tecnología y competir en mercados cada vez más exigentes. He conocido iniciativas agrícolas que usan laboratorios para elevar la calidad de sus productos, y siempre regreso a una pregunta: ¿qué ocurriría si convirtiéramos nuestras universidades en el principal puente entre el talento dominicano y las necesidades de desarrollo del país?Las cifras nos dan una base y también una advertencia. Según el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en 2024 contábamos con 57 instituciones de educación superior y 520,524 estudiantes matriculados. Es una plataforma considerable para una nación de nuestro tamaño. Pero en 2019 la matrícula alcanzó 598,549 y cinco años después había caído cerca de un 13 %, y de ese más de medio millón de estudiantes apenas 648 cursaban doctorado, alrededor del 0.12 %. Una nación que aspira a producir conocimiento necesita formar investigadores, consolidar laboratorios y ofrecer condiciones para que sus talentos crezcan aquí. Mientras tanto, la informalidad laboral ronda el 54 % de una población económicamente activa de 5.4 millones de personas: no basta con crear empleos, hacen falta empleos de mayor calidad y empresas capaces de innovar.Durante décadas hemos medido el éxito universitario por la cantidad de profesionales que formamos. Es indispensable, pero una nación no alcanza su potencial cuando sus universidades solo preparan personas para la economía existente. Lo alcanza cuando también ayudan a crear la economía del futuro. Por eso propongo una ambición nacional: convertir a la República Dominicana en un centro universitario de referencia para Centroamérica y el Gran Caribe, mediante un Hub Universitario Dominicano. No sería otra universidad ni otra estructura burocrática, sino una red de universidades públicas y privadas, centros de investigación, empresas e instituciones del Estado que compartan capacidades y proyectos estratégicos. La Ley 139-01 ofrece la base; el desafío es desarrollar los incentivos y la coordinación para convertir sus objetivos en resultados.Para ello propongo adaptar tres experiencias internacionales a nuestra realidad.La primera es la Ley Bayh-Dole, aprobada en Estados Unidos en 1980, que permitió a las universidades conservar derechos sobre invenciones surgidas de investigación financiada con fondos públicos y facilitó su uso productivo. Necesitamos un marco propio de transferencia tecnológica, con reglas transparentes de propiedad intelectual, participación de los investigadores en los beneficios y protección de la investigación abierta y del interés público. No se trata de patentar cada descubrimiento, sino de evitar que una investigación capaz de mejorar la producción agrícola o modernizar un servicio público quede sin aplicación por falta de mecanismos institucionales.La segunda es la llamada Ley Beckham, el régimen fiscal especial español para ciertos profesionales e investigadores que trasladan su residencia al país. Su lección es que atraer talento no depende solo de salarios, sino de estabilidad jurídica, oportunidades de investigación y condiciones fiscales. Propongo estudiar un Régimen Dominicano de Atracción de Talento Científico y Académico, con incentivos focalizados, límites temporales y compromisos verificable
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