El secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Raúl Martínez, solicitó este miércoles a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) investigar la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales en un proceso judicial que afirmó podría comprometer al Estado dominicano al pago de 2,693.9 millones de pesos.
Martínez reaccionó a una investigación publicada este miércoles por Diario Libre, en la que se informó que el Estado deberá pagar esa suma por 117,937.80 metros cuadrados de terrenos ubicados en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional.
La inactividad procesal de los abogados de Bienes Nacionales provocó la perención del recurso de casación con el que la institución intentaba impugnar la condena.
Solicitud de investigación
De acuerdo con una nota de prensa, el dirigente opositor consideró que, debido al monto de los recursos públicos involucrados, el caso no debe ser tratado únicamente como un error procesal.
En este sentido, solicitó establecer quiénes tenían bajo su responsabilidad el expediente, qué mecanismos de supervisión estaban establecidos y por qué transcurrió el plazo legal sin que se realizaran las actuaciones necesarias para mantener vigente el recurso.
“Estamos hablando de casi RD$2,700 millones que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió”, planteó Martínez, conforme el documento.
Cuestionamiento del monto
De acuerdo con la investigación de Diario Libre, el Tribunal Superior Administrativo había establecido en 2,693,994,196.50 pesos el monto que debía pagarse a los sucesores de los antiguos propietarios de los terrenos.
- Bienes Nacionales había objetado esa valoración y sostenía que el balance pendiente, actualizado, era de aproximadamente 120.2 millones de pesos.
Sin embargo, esos argumentos no pudieron ser examinados por la Suprema Corte de Justicia debido a la perención del recurso de casación.
Martínez señaló que la diferencia entre ambos montos refuerza la necesidad de realizar una investigación administrativa independiente, debido a que el Estado habría quedado impedido de discutir judicialmente una diferencia superior a 2,500 millones de pesos como consecuencia de la inactividad procesal.
Tribunal Constitucional confirmó decisión
La sentencia TC/0771/26 del Tribunal Constitucional, dictada el 17 de agosto de 2026, confirmó la decisión de la Suprema Corte de Justicia que había declarado extinguido el recurso.
Sin embargo, durante tres años no se realizó la actuación procesal requerida para impulsar el expediente, pese a que la legislación contemplaba mecanismos para evitar su perención.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo planteó que la Digeig debe determinar quiénes eran los funcionarios, abogados y responsables administrativos encargados del seguimiento del proceso durante el período en que se produjo la inactividad.
También pidió establecer si hubo fallas de supervisión, negligencia u otras conductas que pudieran generar responsabilidad administrativa.
Asimismo, consideró necesario determinar si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron informadas oportunamente sobre la situación del expediente y cuáles controles institucionales existían para proteger los intereses patrimoniales del Estado.
El dirigente opositor sostuvo que la transparencia gubernamental debe ponerse a prueba cuando existen hechos que pueden haber provocado un perjuicio económico considerable al patrimonio público.
Martínez exhortó a la Digeig a actuar de oficio ante la gravedad de las informaciones publicadas y a presentar los resultados de la investigación correspondiente.
