Los dieciséis magistrados elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura 2026-2028 no podrán ser removidos, suspendidos, separados, trasladados por ningún poder del Estado, sino cuando incurren en faltas graves en el ejercicio de sus funciones o por inconducta notoria, según los artículos 151, 180 y 275 de la Constitución y 35 de la Ley n.º 138-11, orgánica del CNM. En este sentido, ejercerán sus funciones por un período uniforme y no gradual de siete años, a partir del 2026, y terminará simultáneamente en el año 2033. De esta manera, el CNM selecciona las tres cuartas partes de sus miembros que provienen del sistema de la carrera judicial, y la cuarta parte restante los escoge de abogados en ejercicio o académicos, o miembros del Ministerio Público.La Constitución reconoce a todos los jueces del Poder Judicial la independencia y la inamovilidad durante el ejercicio de sus cargos. Sin embargo, en la práctica, esa garantía no se respeta en los términos previstos por la Constitución para los jueces designados por la Suprema Corte de Justicia, desde los de las Cortes de Apelación o sus equivalentes hasta los jueces de paz, incluidos los de los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia. Esta situación contraviene los artículos 4, 6, 149, 151, 154, 156, 181, 187, 215 y 275 de la Carta Magna.La inamovilidad durante el ejercicio del cargo es una garantía fundamental del sistema judicial dominicano. Su alcance debe distinguirse del régimen de jubilaciones y pensiones de los jueces y de las reglas de la carrera judicial. La garantía protege al juez mientras ejerce el cargo y, por sí sola, no le confiere un nombramiento vitalicio ni obliga a mantenerlo en funciones hasta los 70 o 75 años.Más aún, mediante el debido respeto u observancia de la inamovilidad e independencia de los jueces inferiores titulares, se limitará el cuello de botella que está padeciendo el sistema judicial. Asimismo, se evitarían, las intervenciones o actuación de los famosos jueces interinos o no titulares, resolviendo los grandes expedientes judiciales. Así pues, los tribunales deben ser independientes uno de los otros con respecto a aquellos jueces o cortes que estén colocados, en una jerarquía superior (VER ELEMENTOS DE DERECHO PROCESAL DOMINICANO FROILAN TAVARES- VOLUMEN I-II, PROCEDURE CIVILES JEAN VINCENT PAGS. 132, 133 Y 188).Las reglas del Poder Judicial y las leyes prevalecen sobre cualquier resolución o reglamento de la Suprema Corte de Justicia o del CNM, en virtud de los artículos 152, 180, 181, 187, 274, 275 y 276 de la Constitución.En este contexto, es inaceptable e inconstitucional, que los fiscales titulares y los procuradores de las corte de apelación que no dictan sentencias gocen de inamovilidad e independencia en el cargo. Son designados por el Consejo Superior del Ministerio Público por un período de cuatro años. Su mandato podrá ser reconfirmados por un segundo y único período consecutivo previa evaluación de desempeño, según los artículos 36 y 41 de la ley 133-11, Ley Orgánica del Ministerio Público.Hasta el defensor del pueblo y sus adjuntos, a pesar de no dictar sentencias con autoridad de la cosa juzgada, están protegidos y apoyados de una inamovilidad e independencia temporal en el cargo. Ellos son nombrados por el Senado de la República por un período de seis años y permaneciendo en el cargo hasta que sean sustituidos, de acuerdo con los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución.En conclusión, es necesario que el CNM o la nueva Suprem
Información basada en el resumen publicado por la fuente original. Consulta el enlace de origen para más detalles.
Fuente: Portada


