Brasil se ha convertido en uno de los principales escenarios latinoamericanos de confrontación entre los gobiernos y las grandes compañías tecnológicas. La disputa, inicialmente centrada en la eliminación de contenidos ilegales de las redes sociales, se ha extendido a la responsabilidad de las plataformas, la protección de los menores, la competencia económica y los límites de la libertad de expresión.El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el Supremo Tribunal Federal (STF) han impulsado medidas para aumentar las obligaciones de las empresas digitales, mientras compañías como Google y Meta cuestionan disposiciones que consideran capaces de generar inseguridad jurídica y restricciones excesivas a la circulación de información.La controversia también tiene una dimensión internacional. Las iniciativas brasileñas coinciden con las críticas de Washington a las regulaciones que afectan a empresas estadounidenses, incorporando la actividad de estas compañías al debate comercial y diplomático entre ambos países. RELACIONADAS América Latina Justicia multa a Meta por incumplir trato igualitario a Lula y Bolsonaro en elecciones El Supremo cambia las reglasUno de los principales puntos de inflexión ocurrió en junio de 2025, cuando el Supremo Tribunal Federal declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil de Internet, legislación de 2014 que establece los derechos y deberes de usuarios y proveedores de servicios digitales.La norma disponía, como regla general, que las plataformas podían ser responsabilizadas civilmente por contenidos publicados por terceros cuando incumplieran una orden judicial específica de retirada.El Supremo consideró insuficiente ese mecanismo para proteger determinados derechos fundamentales y estableció nuevas condiciones de responsabilidad, aplicables mientras el Congreso no apruebe una legislación actualizada.El 17 de junio de 2026, el tribunal confirmó criterios para responsabilizar a las empresas por daños derivados de publicaciones ilícitas y estableció un plazo de 60 días para implementar las medidas correspondientes.Entre las obligaciones figuran mecanismos preventivos frente a delitos relacionados con explotación sexual infantil, terrorismo, discriminación, trata de personas y violencia contra las mujeres, además de mantener representantes legales en Brasil.La decisión no establece responsabilidad automática por cualquier publicación. Según Agência Brasil, el tribunal contempló criterios relacionados con las fallas de prevención o retirada de contenidos y la posibilidad de demostrar dudas razonables sobre su carácter ilícito.Lula amplía la presiónEl enfrentamiento adquirió otra dimensión el 20 de mayo de 2026, cuando Lula firmó dos decretos para reforzar la supervisión de las plataformas digitales.Las disposiciones establecieron mecanismos para denunciar contenidos delictivos, exigir respuestas empresariales y conservar información que facilite identificar a responsables de actividades ilegales. También reforzaron las medidas contra la violencia digital hacia las mujeres y asignaron funciones de supervisión a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD).Según fuentes periodísticas, el Ejecutivo defendió las normas como instrumentos para hacer efectivas las obligaciones establecidas por el Supremo. Las medidas contemplan posibles multas y restricciones de actividad por incumplimiento, aunque distinguen determinados servicios de comunicación privada debido a las garantías cons
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