Entre 2021 y 2025, los tribunales dominicanos pasaron de resolver el 90.8 % al 98.4 % de los asuntos que reciben. Es un logro real, pero la cifra calla algo decisivo: cuántos conflictos nunca llegaron a un tribunal, o se abandonaron a mitad de camino, porque reclamar costaba más de lo que se podía sostener. El agricultor que reclama la titularidad de la parcela que trabaja desde hace décadas, el suplidor que no ha cobrado sus facturas, la madre que reclama la pensión de sus hijos: si se quedaron en la puerta, ninguno aparece en esa estadística. Esa es la vara con la que debe medirse la transformación judicial que anuncia el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero: no solo por lo que la justicia resuelve, sino por cuántas personas logran llegar a ella y permanecer en el proceso. Una justicia que llega a la vida de la gente es, al mismo tiempo, la base de una economía que crece con reglas claras.El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible”, publicado en agosto de 2026, reconoce los avances: la duración promedio de solución bajó de 95 a 75 días calendario y ya se han firmado digitalmente más de tres millones de documentos. Pero advierte que esas mejoras deben traducirse en acceso efectivo y trato digno para personas que llegan al sistema en condiciones muy distintas. Las barreras que identifica son económicas, territoriales, digitales y de información. Unas aparecen antes del tribunal: no saber que un derecho fue vulnerado, ignorar dónde reclamar o no tener dinero para trasladarse. Otras surgen durante el proceso, cuando los costos, la falta de orientación y la espera lo vuelven insostenible. Y la espera no pesa igual para todos: un trabajador necesita sus prestaciones para reorganizar su vida; un proveedor local, el cobro de sus facturas para pagar su nómina. Una puerta formalmente abierta puede seguir siendo imposible de cruzar.Pocas actividades lo muestran con tanta claridad como la minería, cuya viabilidad depende de la seguridad jurídica: sus proyectos se planifican a décadas e involucran la tenencia de la tierra, los permisos ambientales, los contratos con proveedores locales y los acuerdos con las comunidades, vínculos que tarde o temprano necesitan un tribunal capaz de resolver con prontitud e imparcialidad. En las provincias donde se concentra esa actividad, la distancia de las sedes judiciales y la incertidumbre sobre la propiedad de la tierra afectan por igual a productores, comunidades y empresas. Pero la seguridad jurídica no es un privilegio empresarial: solo existe cuando el agricultor, el trabajador y el vecino de un proyecto también pueden reclamar sus derechos y obtener respuesta. Una justicia a la que solo acceden quienes tienen recursos no ofrece certeza a nadie, tampoco al inversionista.La agenda del magistrado Montero —actualizar la organización judicial, unificar las plataformas digitales, enfrentar la mora y fortalecer la ética institucional— apunta en la dirección correcta, y dos de sus ejes pueden acercar la justicia a quienes hoy quedan fuera. La unificación de plataformas reducirá costos y tiempos si simplifica las gestiones y permite conocer con facilidad el estado de cada caso; pero sin orientación ni asistencia presencial para quienes tienen poca conectividad o dificultades con la tecnología, la brecha digital se sumará a las barreras existentes, sobre todo fuera de
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