El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana condenó a cuatro hombres a penas de entre cinco y diez años de prisión, tras encontrarlos culpables de integrar una estructura dedicada a sustraer fraudulentamente recursos del programa de asistencia social “Quédate en Casa”, implementado por el Gobierno dominicano durante la pandemia del COVID-19.Por el caso, Daniel Villegas Aquino, alias Pocholo, cumplirá 10 años de prisión y deberá pagar una indemnización de RD$2 millones y una multa equivalente a 500 salarios mínimos del sector público.Mientras que Ambriori Encarnación Ubrí y Héctor Leury Ortiz de la Rosa fueron sentenciados a siete años de prisión cada uno, al pago de una indemnización individual de RD$1 millón y multas equivalentes a 250 salarios mínimos del sector público.En tanto, Rikelvin Alcántara Reyes recibió una condena de cinco años de prisión, una indemnización de RD$1 millón y una multa de 100 salarios mínimos del sector público.Las indemnizaciones fueron establecidas a favor de la entonces Administradora de Subsidios Sociales (Adess), hoy Dirección de Desarrollo Social Supérate, por los perjuicios ocasionados al Estado dominicano.El tribunal también ordenó el decomiso de cerca de un millón de pesos que fueron ocupados a Villegas Aquino durante las investigaciones. RELACIONADAS Justicia Investigan unos 86 colmados por fraude con las tarjetas de Supérate Así operaba la estructuraDe acuerdo con el Ministerio Público, los integrantes de la red utilizaban datos personales y códigos de los beneficiarios de los programas sociales para realizar transacciones fraudulentas mediante dispositivos electrónicos de pago, conocidos como verifones, vinculados a establecimientos comerciales.La investigación, encabezada por los fiscalizadores Hernanda Arias Peña y Vicente Rodríguez Sánchez, permitió identificar el esquema mediante el cual eran sustraídos recursos públicos destinados a garantizar la alimentación y asistencia económica de familias en condiciones de vulnerabilidad.Durante los allanamientos fueron ocupados equipos electrónicos, dispositivos de procesamiento de pagos, memorias digitales, documentos y dinero en efectivo.Estas evidencias, junto con los análisis forenses realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), sustentaron la acusación presentada ante el tribunal.El Ministerio Público estableció, además, que los recursos obtenidos mediante las operaciones fraudulentas eran utilizados para adquirir bienes y desarrollar actividades comerciales con la finalidad de aparentar un origen lícito.Los hechos fueron calificados jurídicamente como estafa agravada, estafa electrónica, asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado dominicano y lavado de activos.MP apelará cuatro absolucionesEl órgano persecutor anunció que recurrirá las decisiones absolutorias emitidas a favor de Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando, Sergio Alexander Bidó Nova y Juan José Polanco Fernández, quienes también fueron procesados por su presunta vinculación con el expediente.La institución considera que existen fundamentos jurídicos suficientes para solicitar la revisión de esas decisiones ante una instancia superior.Durante el juicio, el Ministerio Público había solicitado penas de 20 años de prisión contra Villegas Aquino y Encarnación Ubrí, así como 15 años contra Ortiz de la Rosa y Alcántara Reyes.Para Alcántara Matos, Mendieta Ogando y Bidó Nova solicitó diez
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