El Gobierno dominicano se encuentra en una situación incómoda: está gastando más de lo previsto, necesita recursos adicionales para cubrir sus compromisos y ahora solicita al Congreso que suspenda temporalmente una ley aprobada hace apenas dos años para poner límites al crecimiento del gasto público.Para entender el problema no hace falta saber economía. Basta imaginar una familia que establece una regla para impedir que sus gastos aumenten demasiado. Cuando descubre que sus compromisos superan lo permitido, en lugar de reducirlos, solicita autorización para dejar de aplicar la regla hasta que termine el año. Algo parecido ocurre con las finanzas dominicanas, aunque con una diferencia fundamental: el Gobierno administra recursos de los contribuyentes y préstamos que deberán pagarse en el futuro.Déficit fiscal y gasto públicoEl déficit aparece cuando el Estado gasta más de lo que recibe. Si recauda 100 pesos, pero gasta 120, tiene un déficit de 20 pesos. Para cubrir esa diferencia necesita utilizar recursos disponibles o endeudarse.El Gobierno había previsto para 2026 un déficit equivalente al 3.24 % del producto interno bruto (PIB), es decir, del valor de todos los bienes y servicios producidos durante el año.Ahora propone elevarlo al 4.2 % del PIB, equivalente a 365,968 millones de pesos. El desequilibrio previsto aumentaría casi un 30 % respecto de la estimación original. RELACIONADAS Gobierno El Gobierno promete volver a limitar el gasto público en tres años tras aumentarlo por la crisis Macroeconomía El Gobierno busca modificar el presupuesto vigente y elevar 30 % el déficit fiscal ¿Qué es la regla fiscal?En 2024 se aprobó la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal para impedir que los gobiernos aumentaran sus gastos sin límites.La legislación establece que el llamado gasto primario no puede crecer anualmente por encima de la inflación proyectada más tres puntos porcentuales, salvo las excepciones previstas.El gasto primario comprende salarios, pensiones, subsidios, funcionamiento de las instituciones, inversiones y obras públicas. Excluye los intereses de la deuda.Por ejemplo, si la inflación proyectada es del 4 %, el gasto primario podría aumentar hasta un 7 % nominal.La regla no exige gastar menos cada año, sino controlar cuánto aumenta el gasto.Tampoco establece directamente un límite del 3 % del PIB al déficit fiscal. Son conceptos distintos: uno controla el crecimiento del gasto primario; el otro mide cuánto dinero falta para cubrir todos los gastos, incluidos los intereses. Suspensión de la regla fiscal El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, argumenta que las circunstancias internacionales obligaron al Gobierno a gastar más de lo previsto, particularmente por el encarecimiento de los combustibles, la energía, los fertilizantes y los alimentos.Su planteamiento es que el Estado debe proteger a los consumidores de esos aumentos mediante subsidios, aunque ello implique mayores compromisos presupuestarios.El Gobierno sostiene que la ley contempla excepciones para circunstancias extraordinarias y propone recuperar el cumplimiento de la regla fiscal mediante un programa de ajuste de tres años. ¿Dónde está el problema?La dificultad es que el Gobierno solicita suspender en noviembre una regla que debía cumplir desde enero.Si el gasto primario ya superó el límite legal, el Congreso estaría autorizando, a pocas semanas de terminar el año, una excepción que también cubriría lo ocurrido durante los meses anteriores.Esto no significa
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