El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó este lunes que durante su gestión la institución ha remitido más de 15 casos de presuntas irregularidades a la Procuraduría General de la República (PGR), algunos de los cuales han derivado en procesos judiciales.El funcionario aseguró que, antes de su llegada a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la entidad nunca había remitido un expediente al Ministerio Público.Durante su participación en LA Agenda Semanal, dedicada a la transparencia, Pimentel explicó que, una vez remitidos los informes a la Procuraduría, corresponde al órgano persecutor evaluar los hallazgos y determinar las acciones legales pertinentes. "Algunos de estos casos se han traducido en imputaciones, en casos que se encuentran hoy día en instancia jurisdiccional. Y otros nos consta que están en proceso de investigación", manifestó.Destacó que la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada el 28 de julio de 2025, establece la obligación de remitir al Ministerio Público cualquier indicio de naturaleza penal detectado en los procedimientos de contratación. RELACIONADAS Gobierno Abinader: en redes se ve que hay más actos de corrupción, pero lo que hay es más transparencia Gobierno Abinader llama a denunciar casos de corrupción y asegura que no habrá impunidad Eliminación del silencio administrativoPimentel sostuvo que la DGCP ha eliminado el silencio administrativo en la tramitación de recursos, solicitudes de investigación y medidas cautelares, al garantizar respuestas y decisiones sobre los expedientes recibidos."Desde la Dirección General de Contrataciones no hay silencio administrativo. Entiéndase, todo recurso, medida cautelar, solicitud de investigación o investigaciones que la Dirección de Contrataciones ha iniciado de oficio siempre ha presentado resultados", afirmó.Explicó que estas decisiones pueden implicar la reevaluación, suspensión o cancelación de procedimientos de contratación, según las irregularidades identificadas.El funcionario contrastó esta práctica con los más de 200 expedientes que, según indicó, encontró archivados al asumir la dirección de la entidad.Entre los casos mencionó el contrato del teatro Agua y Luz, declarado ilegal por la DGCP en 2020 y que, de acuerdo con sus declaraciones, permaneció más de cinco años en los tribunales.Más de 30,000 alertas preventivas en 2026El titular de Contrataciones Públicas informó que la institución ha desarrollado un sistema de monitoreo preventivo que ha generado más de 30,000 alertas durante 2026.Aclaró que estas notificaciones no representan necesariamente incumplimientos, sino que permiten identificar disposiciones en los pliegos de condiciones que requieren una revisión más exhaustiva.Explicó que, a partir de estas alertas, se asignan analistas para evaluar los procedimientos y determinar si corresponde recomendar su suspensión o cancelación.Pimentel destacó que el monitoreo preventivo está contemplado en la nueva legislación, junto con la incorporación de oficiales de cumplimiento en distintas instituciones del Estado.Otro de los avances resaltados por Pimentel fue la incorporación de un régimen de consecuencias en la nueva Ley de Contrataciones Públicas, que contempla sanciones administrativas y penales para funcionarios y proveedores.Recordó que la legislación aprobada en 2006 fue modificada seis meses después de su promulgación para eliminar las disposiciones sancionadoras. "Tuvimos más de 20 años con
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Fuente: Política


