La mayoría de los componentes de la Junta Electoral Central (JEC) tienen claro que el problema con el derecho al voto de los nacionalizados por la llamada ley de nietos lo ha provocado el Tribunal Supremo con sus autos y tras su reunión de este jueves han acordado, en suma, derivar de nuevo su solución a los magistrados del alto tribunal. La Junta Electoral constató así que no hay tiempo ni medios para expurgar cuál es la situación de esos 163.020 nacionalizados por ese concepto dentro de los 2,7 millones de inscritos en el censo de voto extranjero (CERA) y se limitan por tanto a advertir a todos ellos que dependiendo de lo que haga finalmente el Supremo su voto podría no ser contabilizado. El órgano electoral acordó, además, abrir expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el contenido de una rueda de prensa que ofreció en La Moncloa el pasado 6 de octubre donde anunció los dos decretos sobre medidas de vivienda. La sanción podría oscilar entre 300 y 3.000 euros.
