Se espera un diálogo racional entre el Gobierno y la JEP acerca del presupuesto, que le permita ejercer sus múltiples funciones, y la coordinación necesaria para cumplir las sentencias. Además, que se busquen consensos políticos sobre su continuidad hasta terminar su tarea, por respeto a los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación, a la seguridad jurídica y al debido proceso de los comparecientes, a la institucionalidad, y a la responsabilidad internacional del Estado.
